La transición y la seguridad de la ciudadanía

Durante el gobierno de transición, el Ministerio del Interior se enfocó en la relación entre la ciudadanía y nuestra Policía Nacional del Perú. Prácticas de corrupción y el uso excesivo de la fuerza de parte de un grupo de malos policías, mermaron esta ya difícil relación. A esto se suman los cientos de policías fallecidos por el Covid 19, durante la emergencia sanitaria. Por mandato del Presidente Sagasti iniciamos el fortalecimiento y modernización de la institución policial. Los oficiales y suboficiales participantes del proceso dan cuenta de que se formularon junto con ellos las líneas de trabajo para construir la institución que todos queremos. 

Además de la asignación de más de 350 millones de soles para la ejecución de 131 medidas concretas para este año, este trabajo también permitió definir dos cosas. De un lado, gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, la Policía identificó la necesidad de invertir poco más de 8 mil millones de soles en los próximos cinco años para cerrar las principales brechas de infraestructura, equipamiento y formación del servicio policial. Estos recursos no son un gasto: son una inversión para proteger los servicios públicos, así como el esfuerzo de los emprendedores que impulsan la reactivación de nuestra golpeada economía. Pensada estratégicamente, esta inversión también puede generar empleo en la construcción de infraestructura y la prepración del equipamiento necesario para el servicio policial.

De otro lado, el BID colaboró también con la Policía para elaborar el Perfil Policial Peruano. El Perfil Policial Peruano no es un documento declarativo: propone lineamientos para la formación y la carrera de los más de 140 mil policías que entregan décadas de su vida con vocación patriótica a la protección de la ciudadanía. Más de 20 mil policías participaron en la definición de capacidades y competencias requeridas, enfatizando el trabajo comunitario, la inteligencia e investigación criminal para hacer frente a la violencia y el delito. Uno de los horizontes en este perfil es recuperar lo que varias las voces dentro y fuera de la Policía Nacional señalan: la especialización de la carrera policial.

Otras materias integran la ruta para enfrentar los retos pendientes. Repensar la focalización de Barrio Seguro para que su reconocimiento vaya más allá de los 94 barrios donde se implementa. Priorizar la labor de las Oficinas de participación ciudadana de las comisarías, para fortalecer el trabajo con las más de 13,000 Juntas Vecinales y cerca de 2,500 Redes de Cooperantes existentes a lo largo del país. Extender el trabajo integrado con las municipalidades mediante el SIPCOP y las telecomunicaciones -como se ha hecho desde el 105 con 50 municipalidades de Lima y Callao- para ampliar la cobertura y monitoreo del patrullaje en tiempo real. 

Esta agenda debe ser impulsada desde el SINASEC, priorizando la reducción de la victimización, la percepción de inseguridad, así como la letalidad de los hechos violentos. Asimismo, enfocarse en incrementar la confianza en la Policía Nacional y también el registro efectivo de denuncias que activen el sistema penal, evitando la sensación de impunidad. Las sesiones del CONASEC -que deben ser siempre lideradas por la Presidencia de la República como ha ocurrido en dos de las tres últimas sesiones realizadas- son el espacio para que el gasto público se dirija a estas prioridades. A la fecha, los tres niveles de gobierno han gastado solo el 38.2% de su presupuesto de inversiones en esta materia, mientras que la ejecución acumulada histórica del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana no supera el 40%. 

Para hacer esto posible, debemos recordar que el personal del sector Interior está en la primera línea de la emergencia sanitaria. Los Policías y personal civil de las comisarías, los agentes de Migraciones, fiscalizadores de SUCAMEC y los miembros del Cuerpo de Bomberos, necesitan de todas las medidas sanitarias para seguir prestando sus servicios. Durante el gobierno de transición se logró vacunar a la gran mayoría de ellos, reduciendo claramente la letalidad del Covid 19 en el cuerpo policial.En suma, quienes cumplimos una función pública debemos transparentar lo trabajado durante nuestra gestión, así como reconocer los retos pendientes para mejorar la relación entre la ciudadanía y la institución policial. Si bien el INEI da cuenta de tendencias positivas en la reducción de la victimización, no se deben tomar con triunfalismo. Por el contrario, es un llamado a proponer una ruta para mantener estas tendencias, poniendo como objetivo brindar a la ciudadanía lo que demanda con toda justicia: tranquilidad en su día a día.

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